Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 19 junio 2026.-Mientras la violencia sigue cobrando la vida de elementos de seguridad en Michoacán, vuelve a surgir una pregunta que muchas familias hacen cuando ocurre una tragedia: ¿quién responde por quienes se quedaron sin padre, madre, esposo o esposa? Ese fue el planteamiento que llevó a la tribuna del Congreso la diputada Xóchitl Ruiz González, al exigir mejores condiciones laborales para los cuerpos policiales y un respaldo real para los familiares de quienes mueren en el cumplimiento de su deber.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México lamentó el fallecimiento reciente de cinco integrantes de la Guardia Civil que perdieron la vida durante el desempeño de sus funciones, así como el asesinato de un elemento de la Policía Morelia ocurrido semanas atrás.
Durante su participación, señaló que estos hechos obligan a revisar no solamente las estrategias de seguridad, sino también las condiciones en las que trabajan los policías y la protección que reciben sus familias cuando enfrentan la pérdida de uno de sus integrantes.
“Debemos preguntarnos qué sucede con sus hijas e hijos, cómo operan los seguros de vida institucionales y qué mecanismos existen para garantizar que sus familias no queden desprotegidas”, expresó la diputada.
Ruiz González recordó que a finales del año pasado el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, cuyos artículos transitorios contemplan un programa para mejorar los salarios y dignificar las condiciones laborales del personal de esa institución. Por ello, consideró necesario conocer qué avances existen y si esos compromisos ya comenzaron a reflejarse en beneficios concretos.
Asimismo, hizo referencia a la propuesta presentada ante el Pleno para que el Congreso destinara un mes de salario como reconocimiento y apoyo a los integrantes de las fuerzas federales que participaron en el operativo realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, por lo que pidió informar cuál ha sido el seguimiento de esa iniciativa.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local advirtió que, aunque la agenda pública suele concentrarse en otros asuntos, existen causas que no pueden quedar relegadas, como las demandas de las madres buscadoras, de las maestras y maestros que defienden sus derechos, así como de organizaciones civiles que continúan exigiendo justicia, seguridad y mejores condiciones de vida.
Finalmente, reiteró que desde el Poder Legislativo seguirá impulsando acciones para fortalecer a las instituciones de seguridad y garantizar que los policías y sus familias cuenten con un respaldo efectivo cuando enfrenten las consecuencias de servir a la sociedad.
Desde la óptica del ciudadano, el reconocimiento a los policías no debería limitarse a discursos o minutos de silencio. Cada elemento que sale a patrullar arriesga la vida con la esperanza de volver a casa, y cuando eso no ocurre, las familias esperan algo más que homenajes: esperan salarios dignos, seguros que realmente funcionen y apoyo institucional que no se quede únicamente en el papel.