Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 18 junio 2026.— En medio de una escalada de ataques contra elementos de las corporaciones de seguridad, el Congreso del Estado recibió una iniciativa que busca endurecer las penas para quienes asesinen a policías durante el cumplimiento de su deber o como represalia por su trabajo.
La propuesta fue presentada por el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien planteó reformar el Código Penal de Michoacán para crear una agravante específica en el delito de homicidio cuando la víctima pertenezca a una institución policial y el crimen esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.
Al defender la iniciativa, el legislador sostuvo que la seguridad pública representa una de las obligaciones fundamentales del Estado y que proteger a quienes tienen la responsabilidad de preservar el orden también significa fortalecer la capacidad institucional para enfrentar a la delincuencia.
Magaña de la Mora recordó que las corporaciones policiacas enfrentan un escenario de violencia cada vez más complejo, donde las agresiones ya no son hechos aislados, sino ataques dirigidos a debilitar la presencia del Estado en diversas regiones. Como ejemplo mencionó la emboscada registrada recientemente contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen.
El diputado argumentó que cuando un policía es asesinado por desempeñar su función, el daño trasciende a la víctima, ya que el objetivo de estos ataques suele ser generar miedo entre las corporaciones, reducir la capacidad de respuesta institucional, facilitar el control territorial de grupos criminales y aumentar la percepción de impunidad.
Por ello, consideró necesario que el Código Penal contemple una protección jurídica reforzada para este tipo de delitos, estableciendo un mayor reproche legal contra quienes atenten deliberadamente contra integrantes de las fuerzas policiales.
Actualmente, explicó, entidades como Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas ya contemplan figuras similares dentro de su legislación penal, mientras que Michoacán aún carece de una agravante específica para estos casos.
Desde la perspectiva ciudadana, la propuesta abre un debate de fondo. Por un lado, existe la demanda de brindar mayor protección a quienes diariamente enfrentan al crimen organizado y arriesgan su vida en las calles. Por otro, también persiste la preocupación de que el endurecimiento de las penas, por sí solo, difícilmente resolverá un problema donde la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir la violencia.
El legislador sostuvo que la reforma responde a una problemática real y busca inhibir los ataques contra las corporaciones policiales, reforzando la seguridad colectiva mediante un marco legal más severo. Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía, el verdadero desafío seguirá siendo que los responsables de estos crímenes sean detenidos, procesados y sentenciados, porque de poco sirve aumentar los castigos si quienes cometen los delitos continúan escapando de la justicia.:::