Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 18 junio 2026.— Llegar a la vejez no debería significar quedar a merced de instituciones sin vigilancia, personal insuficiente o condiciones indignas. Con esa preocupación sobre la mesa, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para poner orden en las casas hogar, albergues y centros de atención para personas adultas mayores que operan en Michoacán, tanto públicos como privados.
Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador propuso modificar la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores con el propósito de elevar los estándares de atención y evitar que los adultos mayores permanezcan en establecimientos que carezcan de supervisión adecuada o del personal especializado necesario para atender sus necesidades.
La propuesta surge ante la inquietud de que algunos centros funcionan sin cumplir plenamente con las condiciones mínimas de seguridad, atención médica o vigilancia sanitaria, una situación que puede poner en riesgo la salud, la integridad y la calidad de vida de quienes residen en ellos.
Uno de los principales planteamientos consiste en crear un Registro Estatal de Casas Hogar, Albergues y Centros de Atención Integral autorizados. Este padrón sería de consulta pública para que cualquier familia pueda verificar qué establecimientos cumplen con los requisitos legales y cuentan con los permisos correspondientes antes de confiarles el cuidado de un ser querido.
La iniciativa también establece que estos espacios deberán contar durante cada turno con médicos especializados en geriatría, gerontología y cuidados paliativos, además de personal de enfermería capacitado específicamente para atender a personas adultas mayores.
Otro de los ejes de la propuesta contempla la elaboración de un Protocolo de Actuación para la Atención Especializada del Adulto Mayor, mediante el cual se definirían reglas claras sobre atención médica, comunicación con las familias, respuesta ante emergencias y seguimiento permanente del estado de salud de los residentes.
Asimismo, se busca fortalecer las facultades de supervisión de las autoridades mediante inspecciones periódicas a cargo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Protección Civil y organismos defensores de los derechos humanos, con el objetivo de verificar que los centros operen conforme a la ley.
Octavio Ocampo sostuvo que el crecimiento de la población adulta mayor obliga al Estado a garantizar espacios seguros, profesionales y con atención especializada para quienes durante décadas contribuyeron al desarrollo de sus comunidades y hoy requieren cuidados acordes con su condición.
Desde la mirada del ciudadano, la propuesta responde a una preocupación que muchas familias viven en silencio. Con frecuencia, quienes buscan un lugar para el cuidado de un padre, una madre o un abuelo deben tomar decisiones sin contar con información suficiente sobre la calidad del servicio o las condiciones reales de los establecimientos. La falta de supervisión genera incertidumbre y abre la puerta a posibles abusos o negligencias.
La iniciativa será analizada por el Congreso del Estado y, de aprobarse, podría establecer reglas más estrictas para el funcionamiento de estos centros, ofreciendo mayor protección a los adultos mayores y mayor certeza a sus familias, en una etapa de la vida donde el respeto, la atención profesional y la dignidad deberían ser una garantía y no un privilegio.