Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 18 junio 2026.— En un estado donde levantar la voz para defender los bosques puede convertirse en una sentencia de muerte, el diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, presentó una iniciativa para que los ambientalistas sean reconocidos legalmente como personas defensoras de derechos humanos y, con ello, puedan acceder a mecanismos de protección contemplados por la ley.
Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador propuso reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de incorporar expresamente a quienes dedican su trabajo a proteger los recursos naturales de Michoacán.
Valencia Reyes sostuvo que quienes defienden un bosque, un río o cualquier ecosistema también están protegiendo derechos fundamentales de toda la población, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y, en última instancia, el derecho a la vida.
Para sustentar su propuesta recordó que numerosos defensores ambientales han sido víctimas de amenazas, persecuciones, secuestros y asesinatos. Como ejemplo mencionó el caso de Roberto Chávez, ambientalista de Villa Madero que, junto con otros habitantes de la región, ha enfrentado la violencia del crimen organizado por proteger los recursos forestales.
El legislador también evocó los nombres de Homero Gómez y Lázaro Mendoza, activistas ambientales asesinados cuyos casos, señaló, continúan representando una deuda pendiente en materia de justicia y protección para quienes defienden el patrimonio natural.
Durante su intervención recordó que en 2022 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal, por lo que proteger la naturaleza significa también garantizar otros derechos esenciales para toda la sociedad.
La reforma propuesta modificaría el artículo segundo de la legislación vigente para reconocer formalmente a los defensores ambientales dentro del marco legal destinado a proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, permitiéndoles acceder a mayores mecanismos institucionales de respaldo.
Desde la óptica del ciudadano, la iniciativa pone el dedo en una herida que lleva años abierta. En distintas regiones de Michoacán, quienes denuncian la tala ilegal, la destrucción de los bosques o la explotación clandestina de los recursos naturales suelen enfrentarse a grupos criminales con escasa protección por parte del Estado. Mientras tanto, las comunidades observan cómo los guardianes del medio ambiente muchas veces quedan solos frente a intereses económicos y organizaciones delictivas.
Al concluir la presentación de la iniciativa, Guillermo Valencia llamó a sus compañeros legisladores a no dejar la propuesta archivada entre trámites parlamentarios y convertirla en una herramienta efectiva para proteger a quienes arriesgan su integridad por preservar los recursos naturales. Porque si cuidar los bosques beneficia a toda la sociedad, la protección de quienes los defienden también debería ser una responsabilidad compartida y no una lucha en solitario.