Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 18 junio 2026.— Durante muchos años, las leyes sobre educación se han elaborado desde oficinas y escritorios, mientras quienes viven diariamente las carencias del sistema apenas eran tomados en cuenta. Ahora, el Congreso del Estado aprobó un protocolo que busca cambiar esa práctica y obliga a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y a las personas con discapacidad antes de realizar reformas relacionadas con la educación indígena e inclusiva.
En sesión legislativa, la 76 Legislatura dio luz verde al Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, instrumento que establece las reglas para garantizar que estos sectores participen en la elaboración de iniciativas que puedan afectar directamente sus derechos.
El documento tiene como propósito asegurar el respeto al derecho de consulta, la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, particularmente cuando se pretendan modificar disposiciones relacionadas con los modelos educativos que impactan a sus comunidades.
Los legisladores señalaron que el protocolo responde a obligaciones establecidas en diversos instrumentos nacionales e internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de Michoacán.
Asimismo, el Congreso destacó que el nuevo mecanismo también busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en las decisiones que involucren la educación inclusiva, reconociendo que el acceso a una enseñanza adecuada representa una condición indispensable para lograr una vida independiente y con igualdad de oportunidades.
El protocolo será el instrumento rector para desarrollar las consultas legislativas en materia de educación indígena e inclusiva, atendiendo además una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena garantizar procesos de consulta previos cuando las reformas puedan afectar directamente los derechos de estos grupos de población.
Desde la perspectiva del ciudadano, la medida representa un avance que durante años fue una deuda pendiente. En numerosas ocasiones se aprobaron leyes dirigidas a pueblos indígenas o personas con discapacidad sin preguntarles qué necesitaban realmente. El resultado fueron normas bien intencionadas, pero alejadas de la realidad que enfrentan miles de familias.
El verdadero desafío comenzará cuando las consultas dejen de ser un simple requisito administrativo y se conviertan en espacios donde las opiniones de las comunidades tengan un peso real en las decisiones del Congreso. Porque escuchar a quienes históricamente han permanecido al margen de las políticas públicas no debería ser una excepción ni una obligación impuesta por los tribunales, sino una práctica permanente en cualquier democracia que aspire a representar verdaderamente a toda la sociedad.