Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 06 julio 26.— Mientras miles de maestros, trabajadores y ciudadanos cumplen todos los días con su jornada para ganarse el sueldo, en el Estado de México una presunta red de funcionarios habría convertido la nómina gubernamental en un negocio privado, cobrando millones de pesos por plazas que nunca fueron trabajadas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de más de 30 personas, entre servidores públicos en funciones, exfuncionarios y particulares, señalados de integrar una red de “aviadores” que operaba al menos desde 2021.
De acuerdo con las investigaciones, el esquema provocó un daño al erario cercano a los 96 millones de pesos únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, con pagos irregulares que alcanzaban alrededor de cuatro millones de pesos por cada quincena.
Las autoridades sostienen que varios de los implicados se asignaban plazas de docentes con salarios superiores a los 50 mil pesos mensuales sin desempeñar actividad alguna, además de mantener esos cargos como una especie de seguro para conservar ingresos o acceder posteriormente a beneficios de jubilación.
Las investigaciones revelan que la organización funcionaba como una estructura bien coordinada. Funcionarios ubicados en áreas estratégicas de las secretarías de Finanzas, Educación, Seguridad y Oficialía Mayor autorizaban altas irregulares en la nómina utilizando claves de acceso oficiales y registrando a supuestos docentes en planteles educativos inactivos para evitar ser detectados.
El siguiente paso consistía en reclutar familiares, amigos y personas de confianza para prestar su nombre y documentación. Una vez dados de alta, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios quedaban bajo control de los operadores de la red, quienes retiraban el dinero y repartían únicamente una pequeña cantidad a los llamados “falsos docentes”.
Las autoridades señalaron que en algunos casos los prestanombres recibían apenas seis mil pesos por permitir el uso de una plaza que generaba depósitos cercanos a los 200 mil pesos, mientras que el resto del dinero terminaba en manos de los organizadores.
Las altas de personal, según la Fiscalía, se realizaban incluso durante la madrugada para disminuir el riesgo de ser descubiertas y se alternaban diferentes cuentas de acceso al sistema de nómina con la finalidad de ocultar los movimientos.
Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue el estilo de vida de varios de los investigados. Las indagatorias documentan viajes frecuentes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e islas del Caribe, además del uso de vehículos de lujo, accesorios de marcas exclusivas y propiedades de alto valor, un patrimonio que, según la Fiscalía, no corresponde a los ingresos que percibían oficialmente.
Entre los detenidos figuran exsubsecretarios, exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores y personal operativo que presuntamente desempeñaba funciones clave dentro del esquema.
La investigación también permitió establecer que algunos de los implicados ya habían sido relacionados con hechos irregulares desde 2021, cuando uno de ellos fue sorprendido con más de 160 tarjetas bancarias de servidores públicos y una fuerte cantidad de dinero en efectivo, aunque en aquel momento el caso no prosperó.
Hasta el momento, 28 personas ya fueron vinculadas a proceso y 27 permanecen en prisión preventiva en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Otros implicados promovieron amparos para intentar evitar su captura.
La Fiscalía mexiquense considera que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad y fraude, además de que las penas podrían acumularse por cada contratación irregular realizada, lo que incrementaría considerablemente los años de prisión en caso de obtener sentencias condenatorias.
Desde la mirada del ciudadano, este caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los reclamos más frecuentes: mientras millones de mexicanos pagan impuestos y enfrentan dificultades económicas, aún aparecen redes que presuntamente convierten el dinero público en patrimonio personal, afectando recursos que debieron destinarse a educación, seguridad y servicios para la población.