Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 27 agosto 2026.-La política mexicana volvió a poner sobre la mesa un asunto que puede cambiar las reglas del juego electoral: quien quiera ocupar los cargos más importantes del país tendría que ser únicamente mexicano y no contar con otra nacionalidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir que personas con doble nacionalidad puedan competir por cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República.
Desde el punto de vista del ciudadano, la discusión se puede resumir en una pregunta bastante sencilla: si alguien quiere gobernar México, ¿su lealtad debe estar puesta exclusivamente en este país? La propuesta del Ejecutivo federal pretende que la respuesta sea sí.
Sheinbaum explicó que el objetivo es garantizar que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente nacionalidad mexicana y no posean otra ciudadanía.
La mandataria señaló que actualmente la Constitución no deja completamente claro qué ocurre con funcionarios que tienen doble nacionalidad y puso como ejemplo que ha habido gobernadores que conservaron otra nacionalidad sin haber renunciado a ella.
El tema tomó fuerza también por el caso del político colombiano Abelardo de la Espriella, quien cuenta con nacionalidad estadounidense y cuya situación generó controversia durante el proceso electoral de Colombia.
En México, el asunto tampoco es nuevo. Los exgobernadores Javier Corral Jurado, Jaime Bonilla y Francisco Javier García Cabeza de Vaca han contado con nacionalidad mexicana y estadounidense.
El caso de García Cabeza de Vaca vuelve particularmente relevante la discusión, luego de que anunciara su intención de buscar la candidatura presidencial para 2030.
Sheinbaum incluso lanzó una ironía al referirse al exgobernador tamaulipeco, quien reside en Estados Unidos, al cuestionar qué tan viable sería lanzar una candidatura desde otro país.
¿Qué cambiaría con la reforma?
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa plantea modificar el artículo 32 de la Constitución para cerrar lo que el Gobierno federal considera un vacío legal.
Actualmente se establece que determinados cargos reservados a mexicanos por nacimiento corresponden a quienes tengan esa condición y no adquieran otra nacionalidad. La propuesta cambiaría esa redacción por una disposición que abarque también a quienes ya tengan otra nacionalidad.
En pocas palabras, ya no bastaría con decir que alguien no adquirió recientemente otra ciudadanía. Si una persona ya cuenta con doble nacionalidad, tendría que renunciar a la extranjera para poder aspirar a determinados cargos.
La iniciativa también contempla modificar el artículo 86 constitucional, relacionado con los requisitos para ocupar la Presidencia de México.
Entre las nuevas condiciones se plantea que quien busque la Presidencia sea mexicano por nacimiento, no tenga ni adquiera otra nacionalidad y haya vivido al menos 20 años en territorio mexicano.
Pero la propuesta va todavía más lejos. Las personas comprendidas en la prohibición tampoco podrían utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.
En caso de incumplimiento, la iniciativa contempla sanciones.
La discusión apenas comienza
Para el ciudadano común, el debate tiene dos caras. Por un lado, está la idea de garantizar que quienes toman decisiones desde el gobierno tengan una sola nacionalidad y, por lo tanto, una sola pertenencia jurídica y política.
Pero también habrá que discutir qué pasa con millones de mexicanos que, por razones familiares, migratorias o de nacimiento, tienen doble nacionalidad sin que eso signifique necesariamente que hayan dejado de sentirse mexicanos.
Ahí estará buena parte de la bronca legislativa: distinguir entre tener otra nacionalidad y tener intereses políticos contrarios a México.
La iniciativa apenas será enviada al Congreso, por lo que todavía tendrá que pasar por el proceso legislativo correspondiente y podría ser modificada antes de convertirse, en su caso, en una reforma constitucional.
Por lo pronto, el Gobierno federal ya puso la ficha sobre la mesa y abrió una discusión que puede pegar directamente en las elecciones de los próximos años.
Y hablando en lenguaje de calle: si alguien quiere sentarse en la silla presidencial, la nueva regla podría ser que no tenga un pie aquí y otro allá. Ahora tocará al Congreso decidir si esa idea se convierte en ley o queda en el archivo de las propuestas polémicas.