Por M. Angel Villa Juárez,
fecha: Morelia, Mich. 19 junio 2026.-En los pasillos del Congreso y entre quienes le entienden a los vericuetos de la justicia, ya se comenta con cierto desencanto que no es la primera vez que una reforma sale con huecos que luego se pagan en la práctica. Esta vez, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso local, puso sobre la mesa una corrección a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
El asunto, que en apariencia suena técnico y hasta menor, en realidad destapa un problema que no es nuevo: la mala costumbre de dejar “detallitos” legislativos que después se convierten en piedras en el zapato de jueces, abogados y ciudadanos que terminan pagando los platos rotos de la ambigüedad.
Según lo expuesto, el artículo 328 de dicha ley arrastra una referencia a un artículo 338 que simplemente no existe dentro del propio ordenamiento. Una especie de fantasma jurídico que, lejos de ser anécdota, abre la puerta a interpretaciones distintas, criterios encontrados y procedimientos disciplinarios con bases tambaleantes.
En voz de la legisladora, este tipo de errores no son un simple descuido de redacción, sino fallas de técnica legislativa que terminan erosionando la certeza jurídica. Y en la práctica, eso significa algo muy concreto: expedientes que se traban, decisiones que se discuten, y ciudadanos que ven cómo la justicia se vuelve más lenta y menos clara de lo que ya suele ser.
La propuesta plantea corregir la referencia errónea y dejar asentado de manera directa que se trata de la audiencia correspondiente al procedimiento disciplinario, sin ambigüedades ni atajos que puedan prestarse a confusión. Es decir, bajar el lenguaje al suelo firme para que no siga flotando en interpretaciones peligrosas.
Desde la óptica de la propia iniciativa, el Poder Legislativo no puede darse el lujo de seguir acumulando parches encima de reformas recientes, especialmente cuando se trata del andamiaje judicial, ese mismo que debería sostener la confianza pública y no alimentar sospechas de improvisación.
En un tono más de fondo, el caso deja ver una constante incómoda: reformas aprobadas con prisa, revisiones a medias y luego correcciones que llegan tarde, cuando el daño ya se instaló en la operación diaria de las instituciones.
Al final, la diputada insiste en que esta corrección no es menor ni cosmética, sino parte de un ajuste necesario para que el sistema judicial estatal no camine con piezas sueltas. Pero en la calle, donde estas cosas rara vez se leen con optimismo, queda la sensación de que la ley, como tantas otras cosas, se sigue escribiendo a golpes de corrección sobre la marcha.