Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 03 julio 26.-Cuando se trata de personajes ligados a los grandes escándalos de corrupción del país, la sospecha de una persecución política aparece casi de inmediato entre la ciudadanía. Esta vez ocurrió tras la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, un caso que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la impartición de justicia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la captura tenga tintes de revancha política y sostuvo que se trata de un procedimiento estrictamente judicial derivado de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de lavado de dinero.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la orden ya existía y que la detención se ejecutó cuando Gilda Lozoya ingresó al territorio nacional. Afirmó que corresponde ahora a la Fiscalía proporcionar los detalles del proceso legal y aclaró que la acción no obedece a decisiones del Poder Ejecutivo.
“La Fiscalía tenía orden de aprehensión contra ella. Cuando llega a México se le detiene. La Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene esta persona, no tiene nada que ver con un asunto político”, señaló Sheinbaum.
Desde la óptica del ciudadano, el anuncio difícilmente deja satisfechos a todos. Hay quienes consideran que las autoridades simplemente están cumpliendo con la ley después de varios años de investigaciones, mientras otros mantienen la desconfianza y creen que los procesos judiciales contra figuras vinculadas al poder suelen activarse o acelerarse dependiendo del momento político.
El caso vuelve inevitablemente al nombre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y uno de los personajes más señalados por presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa productiva del Estado. Lozoya permanece sujeto a procesos judiciales por diversos delitos que marcaron uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
La detención de su hermana reaviva el interés público sobre una investigación que durante años ha estado en el centro del debate nacional y que continúa generando expectativas sobre el alcance de la justicia mexicana.
Mientras las autoridades insisten en que la actuación responde exclusivamente a órdenes judiciales, para buena parte de la ciudadanía el verdadero reto sigue siendo el mismo: que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, sin importar el cargo, el apellido o el momento político en que ocurran las detenciones.