Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 21 septiembre 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa el pleito por la intervención extranjera en asuntos de seguridad y lanzó un mensaje directo, aunque sin mencionar de entrada a Estados Unidos: “La injerencia, una intervención, no fortalece las instituciones nacionales; al contrario, las debilita”. Su argumento lo centró en lo ocurrido en Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.
Desde la mañanera, Sheinbaum sostuvo que antes de aquella detención Sinaloa registraba menos de un homicidio al día, y afirmó que posteriormente se produjo una ruptura dentro del grupo criminal que derivó en una escalada de violencia.
La presidenta señaló que esa violencia se ha ido conteniendo y que el escenario actual no es el mismo que encontró su gobierno al llegar en octubre. Su postura, aclaró, no significa estar en contra de detener a integrantes del crimen organizado, sino de que las acciones se realicen mediante las instituciones mexicanas y bajo las leyes del país.
Y ahí está el punto que desde la calle puede entender cualquiera: una cosa es cooperar y otra que alguien venga a hacer las cosas por su cuenta.
La propia mandataria ha defendido durante meses una política de “colaboración sin subordinación” con Estados Unidos. En julio explicó que, desde su perspectiva, la captura de “El Mayo” provocó un conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa y sostuvo que una operación de ese tipo, sin información al Gobierno mexicano, puede terminar generando consecuencias violentas.
El gobierno mexicano también ha señalado que la detención de Zambada ocurrió sin que las autoridades nacionales tuvieran claridad sobre la participación estadounidense. En una conferencia previa, Sheinbaum dijo que la preocupación de su administración no era que el narcotraficante hubiera sido detenido, sino conocer cómo se realizó la operación y qué participación tuvo alguna agencia estadounidense.
Pero para el ciudadano de a pie el asunto tiene varias caras. Que se detenga a un capo puede parecer una buena noticia; que después se desate una guerra entre grupos criminales y la población termine pagando los platos rotos, es otra historia.
Sheinbaum insiste en que México puede trabajar con otros países, intercambiar información y coordinarse en materia de seguridad, pero con un límite: la Constitución y las leyes mexicanas. Esa postura también ha sido expresada oficialmente por la Presidencia en otras conferencias de este año.
La discusión, entonces, no está solamente en quién captura a quién, sino en quién decide cómo se combate al crimen dentro de territorio mexicano.
Mientras Washington mantiene su propia estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, el Gobierno de México insiste en que la cooperación debe existir, pero sin subordinación ni operaciones que, según la versión presidencial, terminen rompiendo equilibrios internos de grupos criminales y aumentando la violencia.
Y mientras los gobiernos intercambian argumentos, el ciudadano sigue esperando lo mismo de siempre: que haya menos balazos, menos muertos y más seguridad, sin importar de qué lado venga la inteligencia, quién tenga el operativo o qué bandera aparezca detrás de la captura.
Porque al final, para el que vive en Sinaloa —o en cualquier otro estado donde la violencia pega duro— el discurso diplomático vale poco si la calle sigue siendo territorio de miedo.