Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 10 marzo 2026.- En Michoacán, donde muchas comunidades indígenas han decidido gobernarse por su cuenta para cuidar su territorio, el diálogo con las autoridades de justicia sigue siendo un tema clave. Por eso, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, se sentó a platicar con representantes de comunidades con autogobierno que integran el Frente por la Autonomía de los Consejos y Comunidades Indígenas.
La reunión tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre las comunidades y la Fiscalía, además de escuchar las inquietudes que existen en temas de seguridad y justicia en sus territorios.
Durante el encuentro, el fiscal presentó el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, un documento que busca marcar la ruta para combatir la delincuencia en los próximos años y mejorar la atención a las víctimas dentro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
En palabras claras, la idea es que la Fiscalía no trabaje sola, sino que lo haga de la mano con las comunidades que ya cuentan con rondas comunitarias o policías comunales, figuras que desde hace años se encargan de vigilar y cuidar el orden en varias regiones del estado.
Durante la reunión, Torres Piña recordó que el diálogo con las autoridades indígenas no es nuevo, pues desde encuentros anteriores las comunidades habían presentado una lista de temas urgentes por atender.
“En la primera reunión nos dejaron 12 temas y afortunadamente se pudieron atender”, comentó el fiscal, al señalar que los canales de comunicación seguirán abiertos para resolver problemas específicos que surjan en las comunidades.
Como parte de la estrategia, también se propuso capacitar a las rondas comunitarias y policías comunales, sobre todo en temas como el llenado del Informe Policial Homologado, la actuación como primeros respondientes y la prevención del delito.
Además, se planteó impulsar charlas informativas para las comunidades, abordando problemáticas que cada vez preocupan más, como delitos digitales, violencia familiar, atención a niñas, niños y adolescentes, así como prevención del suicidio.
Otro de los anuncios importantes fue el fortalecimiento de la presencia institucional en regiones indígenas, con la instalación de nuevas agencias del Ministerio Público en comunidades como Marhuata, Ostula y El Aguacate, además de reforzar las ya existentes en Chilchota y Paracho.
Según lo informado, estas oficinas contarán con servicios integrales, incluyendo personal ministerial, peritos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, además de funcionarios que puedan hablar las lenguas originarias de cada región, algo que durante años han pedido las comunidades.
En el encuentro participaron representantes de varias localidades con autogobierno, entre ellas Nuevo Zirosto, San Francisco Peribán, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Janitzio, Ahuirán, Angahuan, San Felipe de los Herreros y Carapan, entre otras.
Desde la mirada del ciudadano de a pie, lo que queda claro es que si no hay diálogo entre gobierno y comunidades, la seguridad se vuelve más complicada.
Y como dicen en los pueblos cuando se trata de resolver problemas serios: si cada quien jala por su lado, nada camina; pero si se sientan a hablar, al menos ya se empieza a construir algo.